Por Monti Aguirre, Directora, Programa América Latina

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El Río Biobío fue la primera gran campaña de protección de ríos en Chile, y marcó un precedente que luego inspiraría e informaría los esfuerzos para proteger ríos icónicos en la Patagonia. Las lecciones aprendidas en la campaña por el Biobío sentaron las bases para futuras luchas, impulsando los movimientos que finalmente lograron salvar ríos como el Baker y el Pascua de amenazas similares.

El Biobío no es solo un río: es un sustento, un símbolo cultural y un emblema de la resiliencia de las comunidades que viven a sus orillas. Durante siglos, ha alimentado la tierra, sostenido a su gente y preservado la rica biodiversidad que florece en sus aguas y sus ecosistemas circundantes. Sin embargo, al igual que muchos de los grandes ríos del mundo, la actividad humana incesante lo ha degradado, poniendo en peligro tanto a las comunidades como a los ecosistemas que dependen de él.

La reciente Declaración de Derechos del Río Biobío, lanzada esta semana en Concepción, es el fruto de la colaboración entre pueblos indígenas, científicos, organizaciones civiles y autoridades locales. Esta declaración marca un giro histórico en la forma en que entendemos y protegemos este vital curso de agua. La Declaración proclama que el río, junto con sus afluentes y su cuenca, posee derechos inherentes que deben ser reconocidos y protegidos. No es simplemente un documento legal; es un compromiso moral para restaurar y salvaguardar el Río Biobío.

Mi conexión con el Río Biobío comenzó al inicio de mi trabajo en International Rivers. En ese entonces, el fallecido Glenn Switkes ya colaboraba con el Grupo de Acción por el Biobío (GABB), una de las organizaciones ambientales pioneras de Chile, liderada por Juan Pablo Orrego, Cristian Opaso y otros. Se encontraban inmersos en una campaña de alto perfil contra la construcción de la represa Pangue, respaldada por el Banco Mundial.

Esta lucha se desarrolló en el contexto del legado de la dictadura de Pinochet, que había privatizado la economía de Chile, vendiendo los derechos de agua (a través del Código de Aguas), así como los recursos minerales, forestales y pesqueros, a intereses privados. Esto desató una profunda degradación ambiental en todo el país.

En este contexto, las protecciones ambientales eran débiles y a menudo socavadas por un régimen obsesionado con la explotación de los recursos. Los derechos de los pueblos indígenas eran aún más frágiles. Las comunidades Mapuche, cuyas culturas y medios de vida estaban profundamente ligadas al Biobío, enfrentaron graves amenazas. Sus esfuerzos por proteger sus tierras ancestrales y el río eran vistos como obstáculos para el desarrollo, y sus derechos fueron mayormente ignorados. La lucha contra la construcción de represas se convirtió en una parte crucial de su batalla más amplia por el reconocimiento y la soberanía.

El movimiento para proteger el Biobío fue mucho más que una simple campaña para salvar un río; se convirtió en una lucha por los derechos ambientales, indígenas y humanos dentro de un sistema que privilegiaba el lucro sobre las personas y la naturaleza. Defender el río fue un acto de resistencia, una respuesta directa al modelo neoliberal de explotación desmedida. Al mismo tiempo, simbolizaba la esperanza de un futuro en el que se respetaran y protegieran tanto el medio ambiente como los derechos de las personas que dependen de él.

Desde entonces, Chile ha avanzado considerablemente en el reconocimiento de los derechos ambientales. El derecho a vivir en un ambiente sano está consagrado en el Artículo 19 de la Constitución chilena. Los derechos indígenas también han visto algunos avances, aunque históricamente han sido reconocidos de manera inconsistente. En 2008, Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que reconoce los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras, cultura y participación en las decisiones que las afectan. Además, Chile ha firmado diversos convenios internacionales sobre derechos humanos y ambientales.

Sin embargo, el reconocimiento legal de los ríos como entidades con derechos aún está en su etapa inicial. Inspirada en movimientos globales como el reconocimiento de la personalidad jurídica del Río Whanganui en Nueva Zelanda, la Declaración del Biobío establece al río como un ser vivo con derechos. Este concepto, revolucionario para muchos, está profundamente enraizado en las cosmovisiones de pueblos indígenas como los Mapuche Pewenche y Lafkenche, quienes desde hace mucho tiempo entienden al río como un ser con valor intrínseco, digno de respeto y cuidado. Este enfoque desafía la visión occidental tradicional de los recursos naturales, que frecuentemente percibe a los ríos como simples bienes de explotación. En su lugar, promueve una relación basada en la reciprocidad y la responsabilidad.

La Declaración detalla un conjunto integral de derechos para el Río Biobío, que incluyen el derecho a existir, a mantener su flujo natural, a estar libre de contaminación y a regenerarse. Estos derechos no son meros ideales abstractos; son principios prácticos que pueden guiar la formulación de políticas y acciones concretas. Por ejemplo, reconocer el derecho del río a un régimen hidrológico sostenible permite abogar por la eliminación de represas dañinas y la restauración de patrones de flujo natural. Defender el derecho del río a la biodiversidad fomenta la adopción de protecciones más estrictas contra especies invasoras y la destrucción del hábitat.

Lo que hace que esta Declaración sea especialmente significativa es su enfoque en la participación comunitaria. El texto fue sometido a consulta pública, permitiendo que personas de todos los sectores de la sociedad contribuyeran con sus perspectivas. Esto garantiza que la Declaración refleje la relación en constante evolución entre el río y sus comunidades, y que represente la voluntad colectiva de la gente.

La Declaración de Derechos del Río Biobío también subraya la necesidad urgente de un cambio de paradigma en la forma en que abordamos la protección ambiental, tanto en Chile como a nivel global. Los marcos legales actuales a menudo no logran abordar los complejos desafíos que enfrentan los ríos. La Declaración aboga por alejarse de los modelos de desarrollo que priorizan las ganancias económicas a corto plazo sobre la salud de los ecosistemas, y por adoptar un enfoque más holístico que reconozca el valor intrínseco de la naturaleza. Este cambio es necesario no solo para el Biobío, sino para los ríos de todo el mundo que enfrentan amenazas similares.

Reflexionar sobre el camino que nos ha llevado a esta Declaración me llena de esperanza. A pesar de todo lo que ha soportado, incluidas las propuestas de nuevas represas, el Río Biobío sigue siendo un símbolo de resiliencia y renovación. Esta Declaración es un testimonio del poder de la comunidad: personas unidas por una visión compartida de un futuro mejor. Nos recuerda que proteger los ríos no se trata solo de preservar el agua y la vida silvestre, sino de honrar el profundo vínculo entre las personas y la naturaleza, asegurando que ese lazo perdure.

El trabajo está lejos de terminar. La Declaración marca el inicio de una campaña a largo plazo para la protección y restauración del Río Biobío. Es un llamado a la acción para que todos nos unamos en la defensa de los derechos de nuestros ríos, reconociendo su importancia no solo como recursos, sino como seres vivos que nos sostienen a todos.

Monti Aguirre es la Directora para América Latina de International Rivers. Desde 1998 Monti forma parte del programa para América Latina de International Rivers para apoyar los movimientos locales de protección de los ríos y desarrollar estrategias para proteger legalmente los ríos de forma permanente.